El conflicto comenzó a mediados de 2020, cuando el Centro Austral de Investigaciones Científicas (Cadic) anunció un plan de control de la población de los conejos con gas fosfina, con el argumento de que la proliferación de estos animales en inmediaciones de la institución implicaba un riesgo “ambiental y sanitario” para la zona y un problema para el edificio del organismo.
Esto motivó una presentación judicial de la Asociación de Abogados y Funcionarios para la Defensa de los Animales (Afada) y la Asociación Amigos del Reino Animal Fueguino (Araf), por lo que la Justicia Federal suspendió la medida del Cadic. Las entidades presentaron también una propuesta alternativa: capturar a los ejemplares con jaulas-trampa y su traslado a un predio especial para que sean esterilizados.
Ahora, la abogada Griselda Engelhard, de Afada, acusó al biólogo e investigador del Cadic, Adrián Schiavini, de haber ingresado ilegalmente a la provincia el gas fosfina: “Hemos pedido todo tipo de pruebas para que los organismos involucrados digan de qué manera ingresó la sustancia tóxica a la isla y también que se pueda saber quiénes intervinieron en ese ingreso. Es un gas peligroso para los seres humanos y no sabemos dónde está”, argumentó Engelhard.
Sin embargo, Schiavini negó haber cometido ningún delito y afirmó que el gas fosfina “se compra por correo electrónico, uno lo paga y te lo mandan. Es absolutamente legal”. También dijo que compró el gas en una empresa de Bahía Blanca, y que fue enviado a Tierra del Fuego vía terrestre con la intervención de la Aduana Nacional, además de haberse pagado por transferencia y de manera documentada.